El Ejecutivo ya ha
aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Ahora resta elevarlo a Las Cortes y comenzar el trámite
parlamentario.
Entre las novedades
cabe señalar:
- La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo máximo de instrucción de seis meses o de dieciocho cuando la investigación sea compleja.
- Se regula las medidas de investigación tecnológica que carecían de marco legal al tratarse de una norma de 1882.
- Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en Segunda Instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las de la Audiencia Nacional, por una Sala de Apelación propia
- Reforma el recurso de revisión, que será necesario para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenen a España.
Agilización procesal
Entre las medidas previstas en el Anteproyecto
para la agilización de la justicia penal figura la modificación de las reglas
de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la
acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que
cada delito dará lugar a la formación de una única causa. La acumulación por
conexión sólo tendrá sentido si concurren circunstancias tasadas y cuando el
conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable.
Los atestados policiales sin autor conocido no
supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados que actualmente son
archivadas inmediatamente, previo visto bueno del fiscal. Para garantizar un
adecuado control judicial, serán conservados por la Policía Judicial
a disposición de jueces y fiscales.
Plazos de instrucción
Los asuntos sencillos tendrán un plazo de
instrucción de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de
dieciocho meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.
Se considerarán complejos los que hayan sido
cometidos por grupos u organizaciones criminales, tengan por objeto numerosos
hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas,
exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante
documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el
extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o
públicas o sean por terrorismo.
Se establece un proceso de aceptación por Decreto
(monitorio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el
fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por un
abogado, acepte la pena fijada (una
especie de conformidad previa, sin necesidad de llegar a juicio oral). Este
supuesto está previsto para los delitos de escasa gravedad cuya sanción sea
multa o pena de prisión sustituible por la primera, como pueden ser los delitos
contra la seguridad vial cometidos con embriaguez.
STAJ ha advertido que no consentirá que la limitación en los plazos
de la instrucción suponga un empeoramiento de las condiciones de trabajo de
los funcionarios, asegurando el Ministerio que no les afecta y que en todo
caso esos plazos serán prorrogables.