Ha presentado
su dimisión al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, el director general
de los Registros y del Notariado (DGRN), Joaquín Rodríguez.
Catalá ha
aceptado el cese, que es extensivo al subdirector, Javier Vallejo, y a
los registradores que estaban en comisión de servicios como letrados de
la DGRN.
La dimisión de
Rodríguez es consecuencia de los cambios introducidos por el ministro
Catalá en el anteproyecto de Ley de Registro Civil,
que han supuesto el inicio de negociaciones con el Colegio de
Registradores para elaborar una nueva plataforma informática, la
eliminación de la Corporación Pública y del anteproyecto de Demarcación.
Por lo que
respecta a la desjudicialización del Registro Civil, el Ministerio no va
a modificar la ley ya aprobada, por lo que sigue su curso la entrega a
los Registradores mercantiles,
si bien buscando nuevas fórmulas para la mejor prestación del servicio
por parte de estos, garantizando en todo caso la gratuidad.
Desde
STAJ seguimos insistiendo en que el Registro Civil debería seguir siendo
un servicio dentro de la Administración de Justicia y que, en todo
caso, deben garantizarse todos los puestos de trabajo en todos los
territorios, habiéndonos manifestado el Ministro que se está trabajando
en esa línea y que la intención es que todos los funcionarios afectados,
titulares e interinos, permanezcan prestando servicios en las mismas
localidades actuales.
En cuanto a la situación en que quedarán los Juzgados de Paz tras la desjudicialización,
por perder buena parte de sus funciones actuales, el Ministro confirma
lo recogido en el preacuerdo en cuanto a la asunción de nuevas funciones
por parte de esos juzgados en materia de mediación y colaboración
general con la Administración de Justicia, así como algunas competencias
en materia de Registro Civil.
Desde el
Sindicato de Trabajadores de la Administración seguiremos insistiendo al
Ministerio que en cualquier caso se garantice la no amortización de ningún puesto de trabajo de
los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos
judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia de
Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.
Esa garantía debe ser plasmada en la ley y ser de aplicación en todo el territorio nacional, obligando
así no sólo en el ámbito gestionado directamente por el Ministerio,
sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han
asumido competencias en materia de Justicia.
Para ello, exigimos la
reapertura urgente de la negociación, donde se busque una solución
satisfactoria a todo este personal, y que no le cause ningún perjuicio
ni pérdida de retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad de
destino.