Sus Señorías, no los del Poder Judicial, sino los
zoquetes del Poder Legislativo ( los 350 miembros del Congreso y los 280
miembros del Senado, todos ellos de dudosa necesidad), disfrutan ya de las
vacaciones de Semana Santa. En total 18 días de vacaciones, que empezaron el
pasado jueves 10 de abril, no teniendo que volver hasta el próximo día 29.
Estas vacaciones no suponen ninguna novedad este
año, puesto que lo consideran como
un "derecho consolidado" desde hace ya varias legislaturas,
derecho consolidado adoptado por acuerdo unánime de la Mesa del Congreso
compuesta por PP, PSOE y CiU (para esto sí que se ponen de acuerdo,
incluso llegan a la unanimidad).
A estas vacaciones hay que sumar las que
reconoce el art. 73 de la Constitución, que señala que la actividad
parlamentaria se dividirá en dos periodos ordinarios: el primero desde febrero
a junio, y el segundo desde septiembre a diciembre. Si echamos cuentas quedan
libres los meses de enero, julio y agosto. Lo dicho, todo un chollo del que
disfrutan los zoquetes de la casta.
Y mientras tanto, somos los funcionarios,
ingresados en la función pública por oposición, bajo los Principios de igualdad,
mérito y capacidad, y con el requisito de titulación académica suficiente, a quienes se
nos quitan los días de asuntos propios, se nos reduce el salario, se nos quita
la paga extra, se nos descuenta por estar enfermos, y una larga lista de
agravios que tiene su origen en la anterior legislatura (dá igual si son rojos o azules).
No olvidamos todo lo que nos deben, porque nos lo han quitado, y no dejaremos de pedir que nos lo devuelvan, sobre todo cuando tenemos conocimiento de actuaciones como esta, que atentan contra el más mínimo sentido de la Justicia y del esfuerzo compartido al que tanto apelan, y han apelado, para adoptar medidas de agravio hacia el colectivo de funcionarios de Justicia.